El Gobierno sella con silicona el Consejo de Ministros para aprobar decretos sin freno
Los ministros han comenzado a legislar por señas y acaban de aprobar un bono social de emergencia para que la población pueda comprar sartenes que no se peguen.
MADRID, ante la inminencia de las elecciones y después de anunciar la subida del salario mínimo, el Consejo de Ministros ha decidido no levantarse de la mesa de caoba hasta que se agote la legislatura. Han montado un maratón de decretos que ya se ha bebido las reservas de café de la capital. La sala es una zona catastrófica de productividad. Los textos legales salen a trescientos por minuto, aprobados con parpadeos sincronizados.
Eusebio Palomares, bedel mayor del edificio, explica que las puertas se sellaron con silicona estructural por orden de un comité de campaña desesperado. «Yo solo meto bandejas de torreznos por una rendija y ellos me devuelven carpetas llenas de medidas sociales hechas con prisa. Ayer me dieron un decreto con renta básica para patinetes eléctricos y otro para expropiar la tristeza de los españoles», cuenta mientras amontona folios en el pasillo.
La cosa empezó con reformas laborales. Luego perdió toda relación con el plano terrenal. El cansancio ha acabado imponiendo que cada comunidad de vecinos disponga de un mediador especializado en toldos verdes. Fuentes anónimas, que sacaron un avión de papel por la ventana, aseguran que de madrugada hubo una discusión seria sobre incluir el gazpacho en la tabla periódica.
“«Ayer entregaron un decreto que garantiza una renta básica para patinetes eléctricos»”
Y el ritmo sigue subiendo. Los funcionarios de apoyo jurídico han dado paso a taquígrafos deportivos, entrenados para registrar esta avalancha de derechos ciudadanos sin sufrir un desgarro. Un portavoz del Ministerio de Pánico Electoral, oculto detrás de una palmera de plástico, sostiene que todavía hay margen. «Quedan catorce horas para ir a las urnas y acabamos de descubrir que jamás legislamos sobre los derechos laborales de los muñecos de los semáforos. Era una negligencia. La estamos corrigiendo con un decreto ómnibus», afirma, mirando a ningún sitio.
La supervivencia extrema ya se aprecia a simple vista. Varios secretarios de Estado llevan tres días durmiendo bajo la mesa, cubiertos con borradores presupuestarios, y los altos cargos que siguen conscientes legislan por señas. Las últimas informaciones hablan de un bono urgente para que los ciudadanos de treinta años puedan comprar sartenes que no se peguen. El gabinete lo considera otro pilar del Estado de bienestar.
Ese bono ha inquietado al gremio jurídico. Los expertos en derecho contemplan cómo el frenesí preelectoral borra los contornos del ordenamiento. Amalia Sotomayor, catedrática de la Universidad del Hastío Burocrático, avisa de lo que viene. «Han aprobado una disposición adicional que obliga a los cuñados a pagar un impuesto por opinar sobre paellas ajenas. La demanda social existe, desde luego, pero no hay manera de aplicarlo antes de que abran los colegios», explica.
Mientras se discute la recaudación sobre cuñados, la imprenta del Boletín Oficial del Estado expulsa humo blanco. Las rotativas han llegado a su punto de fusión. Los operarios pidieron clemencia cuando recibieron el decreto que declara ilegal el mes de noviembre, aunque las órdenes de arriba no dejan mucho margen para la poesía. La máquina de leyes seguirá funcionando hasta que los votantes metan las papeletas o se termine la tinta del país. Lo que ocurra primero.