La Justicia suspende la caza en Madrid y las perdices montan piquetes en los cotos
Las aves han desplegado minúsculas sillas de playa en el campo y exigen a los escopeteros el libro de reclamaciones y quince días de preaviso antes de echar a volar.
MADRID, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente la caza de la perdiz roja y de otras ocho especies de aves en la región, justo después de que empezara la temporada. Miles de aficionados deambulan desde entonces por el campo con una escopeta, una fiambrera y ninguna tarea concreta. Las aves, en cambio, han convocado asambleas sindicales.
Las perdices rojas llevan copias del auto judicial impresas en pergaminos diminutos. Han marcado un perímetro de chulería alrededor de los cotos, han sacado sillas de playa y toman el aperitivo al sol sin perder de vista a los escopeteros. La mirada sostenida resulta incómoda. Un paso en falso y alguien puede acabar cometiendo desacato contra una perdiz.
«He madrugado muchísimo, he preparado el almuerzo en la fiambrera y ahora tengo a un bando de perdices pidiéndome tres veces la orden de alejamiento», relata Venancio Corrales, cazador, tras cinco horas inmóvil. «Una lleva toga negra y me ha solicitado los papeles del perro para revisar su cuota de la Seguridad Social. Es una humillación burocrática».
“Las perdices han descubierto la ley administrativa y ahora se niegan en rotundo a volar.”
El campo ha entrado en una fase de legalidad tensa, de la que suele requerir sello. Las aves han constituido un comité de empresa y reclaman hojas de reclamaciones a cualquier humano con ropa de camuflaje que las mire demasiado. Para las indemnizaciones por daños morales causados por los sustos de la pasada temporada han contratado a conejos silvestres como asesores fiscales. No se conoce su tarifa.
«La situación jurídica de la fauna campestre se nos ha ido completamente de las manos», admite Ramiro Delicado, subsecretario adjunto del Ministerio de Papeleo Menor y Trámites Absurdos. «Las perdices han descubierto la Ley de Procedimiento Administrativo Común y se niegan a volar si antes no reciben una notificación de despegue por correo certificado, con quince días hábiles de antelación».
El expediente ha ganado adeptos.
Las otras ocho especies protegidas por la suspensión cautelar impulsada por la Sociedad Española de Ornitología se han sumado a la protesta y han organizado una sentada en los caminos de tierra. Las codornices han levantado barricadas con palillos de dientes. Sus pancartas, microscópicas, exigen convenios colectivos dignos y pausas pagadas para tragar piedrecitas.
Los cazadores miran al infinito y tragan saliva. Les inquieta pisar por accidente a un ave con una inmunidad ya casi diplomática, aunque nadie ha concretado qué embajada la representa. Las autoridades recomiendan recoger los bártulos y volver a casa despacio, sin movimientos bruscos que un juzgado pueda interpretar como una vulneración del estatuto de los trabajadores avícolas.
Las perdices ya han pasado del conflicto laboral al urbanismo. Sus dirigentes sindicales han presentado por registro de entrada una solicitud para recalificar las zonas de matorral bajo del municipio correspondiente. Quieren instalar allí un balneario de lujo para galliformes, con baños de barro, masajes en las alas y abogados laboralistas disponibles las veinticuatro horas.